BREVE HISTORIA DE ESPAÑA: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 

La caída de la monarquía fue consecuencia de los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril. A pesar de que los monárquicos obtuvieron mayoría de concejales por el control que los caciques ejercían en las zonas rurales. Sin embargo, el triunfo en las grandes ciudades de la coalición republicano-socialista, mostró la falta de apoyo a la monarquía.

Alcalá-Zamora, presidente del Comité revolucionario, exigió al Rey que se marchara ese mismo día, cuestión que el monarca tenía ya prevista. Para entonces, la República ya se había proclamado en la calle. El comité revolucionario, creado por el pacto de San Sebastián y constituido por todos los partidos políticos favorables a la república, se convirtió en el gobierno provisional de la misma.

A las 6 de la mañana del 14 de abril, el ayuntamiento guipuzcoano de Éibar izó la bandera republicana. Seria el primero en hacerlo. La Segunda República llegó en paz, por aclamación popular y envuelta en un halo de expectativas de cambio y modernidad que no tardarían en revelar sus flancos más débiles. La República se había proclamado en la calle.

GOBIERNO PROVISIONAL

Ese gobierno provisional estaba conformado por:  Niceto Alcalá-Zamora que lo presidió; él junto a Miguel Maura (Ministro de Gobernación) pertenecían a la Derecha Liberal Republicana; por otro lado, Alejandro Lerroux (Estado) y Diego Martínez Barrio (Comunicaciones) del Partido Radical; Manuel Azaña (Guerra), Marcelino Domingo (Instrucción Pública) y Álvaro de Albornoz (Fomento), líderes de los partidos republicanos de izquierda; Fernando de los Ríos (Justicia), Indalecio Prieto (Hacienda) y Francisco Largo Caballero del Partido Socialista Obrero Español (Trabajo); y también había participación de nacionalistas como el republicano gallego, Casares Quiroga (Marina) y el republicano catalán, Nicolau d’Olwer (Economía). Este gobierno representaba a las clases medias profesionales, a la pequeña burguesía y a los líderes obreros socialistas.

PRIMERAS MEDIDAS

Lo prioritario era convocar elecciones a Cortes constituyentes que permitieran, tras la redacción de una nueva Constitución, aprobar y sancionar las leyes con las que se iniciaría la transformación de España. Aunque algunas medidas se aprobaron antes y a golpe de decreto. 

• En el ámbito territorial tuvieron que atender las pretensiones de los nacionalismos que plantearon de inmediato a la República la cuestión autonómica. Francesc Maciá, líder de Esquerra Republicana, el mismo 14 de abril proclamó de manera unilateral la república catalana «como Estado integrante de la Federación Ibérica». Excediéndose de sus competencias porque, como luego veremos, esta República no seria federal. Se restauraba la Generalitat, como gobierno autónomo de Cataluña, hasta la aprobación el estatuto de autonomía.
• La cuestión agraria requería de medidas urgentes. Se intentó paliar la precaria situación de los campesinos despertando pronto el recelo de los propietarios agrarios. Podemos destacar el decreto del laboreo forzoso que obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras. O el decreto de términos municipales para combatir el paro agrícola que estableció la obligación prioritaria de contratar braceros del propio término municipal. Se aprobaron también el seguro de accidentes de trabajo y la jornada laboral de ocho horas, y se prohibió expulsar de sus tierras a los pequeños arrendatarios. Sin olvidarnos de los jurados mixtos, que fue un gran hito.
• En educación el objetivo prioritario era erradicar el analfabetismo y promover la enseñanza laica.

Se preveía la creación de unas 7.000 escuelas para el curso siguiente y un número similar de puestos de maestros. Asimismo, se estableció el principio de coeducación y la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión. La Iglesia y sectores católicos lo vieron como un ataque directo.

• Por que, sin duda, el mayor problema al que hubo de enfrentarse el nuevo gobierno fue el religioso. Una de las aspiraciones explícitas de la República era la separación institucional de la Iglesia y el Estado, lo que suponía acabar con la confesionalidad del Estado y recortar las tradicionales prerrogativas  de la Iglesia en España. Y en este contexto, el 2 de mayo de 1931 se publicó una pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España, en la que elogiaba a Alfonso XIII, cuestión que no gustó nada entre los partidarios republicanos. Volvieron los incendios de iglesias y conventos por parte de grupos minoritarios de tendencia anarquista. 
• De la reforma del ejército se encargaría Azaña, como ministro de la Guerra, quien se propuso atajar inmediatamente los desequilibrios heredados en el ámbito militar. Quería un ejército moderno y eficaz, reduciendo el excesivo número de oficiales y que prevaliera el poder civil. Su objetivo era esencialmente económico, reducir gastos, y político, asegurarse la fidelidad del Ejército a la recién instaurada República. Se ofreció a los oficiales el retiro voluntario conservando el sueldo íntegro. Así unos 8.650 de 21.000 se acogieron a la medida. 
• Y por último la cuestión del orden público que no se acometió con una política decidida, a pesar de la creación de un nuevo cuerpo de policía armada, la Guardia de Asalto, a la que se confió el orden público en las ciudades. 

PERIODO CONSTITUYENTE

El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes constituyentes, de una sola cámara, para dotar a la República de una constitución. Por sufragio universal masculino, rebajando la edad mínima de voto a los veintitrés años. Fueron las primeras elecciones auténticamente libres y limpias en España

El resultado refrendó, por mayoría aplastante, el triunfo del cambio de régimen y fue la  coalición de republicanos y socialistas la gran ganadora, el 90% del Parlamento. Los partidos de la derecha antirrepublicana quedaron reducidos a una exigua minoría. 

Los socialistas fueron quienes tuvieron el mayor número de diputados y el gran perdedor fue Alcalá-Zamora, su partido Derecha Liberal Republicana, que pretendía encarnar al sector mas moderado y católico de la República, no consiguió atraer a un número representativo de votantes. A nivel individual, fue Lerroux, el diputado más votado.

Hubo un primer anteproyecto de Constitución redactado por Ángel Ossorio y Gallardo, que había sido ministro de Fomento con Alfonso XIII y que ahora se consideraba monárquico sin Rey, anteproyecto moderado en la línea de la Derecha Liberal Republicana, pero que fue rechazado. Un segundo elaborado por una comisión parlamentaria presidida por Luis Jiménez de Asúa, fue el que  se debatió en las Cortes entre el 28 de agosto y el 1 de diciembre.

Hubo al menos cuatro cuestiones que generaron amplia polémica: la cuestión de las  autonomías territoriales, el voto femenino, la expropiación forzosa y la cuestión religiosa.

Sobre la primera, el artículo 1 decía textualmente «la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones» Esto permitía el reconocimiento de las aspiraciones nacionalistas pero mantenía la integridad del Estado. Y el artículo 13, tras la experiencia de la Primer República, recogería que la República no era federal.

El tema del sufragio femenino también fue caliente y aun hoy en día se intenta tergiversar la historia. Por ejemplo la diputada del Partido Republicano Radical Socialista, nada que ver con el PSOE, Victoria Kent, votó en contra, por considerar que favorecería a las derechas y Clara Campoamor del Partido Republicano Radical se erigió en acérrima defensora, en contra de la posición de su partido. 

Sobre el asunto religioso el artículo 3 afirmaba que «el Estado español no tiene religión oficial» y el 27 garantizaba la «libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar cualquier religión». Hubo un artículo especialmente polémico, el 26 que declaraba que el Estado no mantendría ni auxiliaría económicamente a las Iglesias e Instituciones religiosas. El tema religioso supuso la dimisión del gobierno tanto de Alcalá-Zamora como de Maura católicos declarados.

LA CONSTITUCIÓN DE 1931

Las Cortes constituyentes aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España el 9 de diciembre de 1931. Se definía como una una «república democrática de trabajadores de toda clase que se organizaba en régimen de libertad y justicia» y en la que «los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». 

No hubo el requerido consenso general para que se consolidase ni reflejó la realidad de la calle. Si bien es cierto que aquellas Cortes habían salido de unas elecciones libres y limpias en las que votó el 70% de la población masculina, también lo es que la Constitución no hizo sino poner de manifiesto el hecho de que la mayoría de los diputados que la votaron pertenecían a la coalición que formaba el gobierno. Apenas una cincuentena de diputados eran defensores de la Iglesia y del orden tradicional, y eso no representaba  la realidad de un sector muy amplio e importante de la sociedad española como luego se iría viendo en otras elecciones.

Recogía una amplia declaración de derechos y libertades, como el derecho al voto de las mujeres, que ya hemos comentado, el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, y el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. Se respetaba la propiedad privada, pero se asumía el principio de que la riqueza del país quedaba subordinada a los intereses nacionales. Así, la propiedad privada podía ser objeto de expropiación forzosa, por utilidad social, pero con la correspondiente indemnización, y se abrió la posibilidad de nacionalización de ciertos sectores de la economía.

EL BIENIO REPUBLICANO-SOCIALISTA 1931-1933

Niceto Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República, a lo mejor como compensación por toda la polémica con el asunto religioso que provocó su dimisión en el gobierno. Se acordó también no disolver las Cortes hasta que se aprobase una serie de leyes fundamentales.

Alcalá-Zamora encargó a Manuel Azaña que formara gobierno. Su intención era que

continuasen todas las fuerzas políticas representadas en el gobierno provisional. Pero la amplia coalición no se mantuvo. Lerroux, líder del Partido Radical, rechazó permanecer en el gobierno si continuaban en él los socialistas. Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierdas y los socialistas al considerarla más estable. 

La instauración de la república coincidió con la crisis mundial de 1929 aunque sus efectos fuero menores que en otros países europeos y llegó mas tarde. El sector más afectado fue el comercio exterior, que descendió un 30%. La influencia de la gran depresión fue mayor en los sectores mas dinámicos, como la agricultura de exportación (cítricos, vino, aceite de oliva…) y la minería. No obstante, las dificultades económicas mas graves para la población se debieron más a los propios problemas tradicionales y estructurales de la economía española: falta de inversión, producción poco competitiva…El desempleo se situó en el 10%.

La solución que se adoptó fue mantener la línea de las recetas del capitalismo liberal clásico, es decir, sostener un presupuesto equilibrado y una moneda fuerte. Pero las reformas aumentaron los gastos y los recursos económicos resultaron insuficientes.

El primer bienio se caracterizó por una política general de reformas cuyo propósito era la modernización y la democratización del país, intentando atajar los graves problemas estructurales que arrastraba España desde hacia siglos. Era necesario reformar la estructura de la propiedad ya que la mayoría de la tierra estaba en manos de terratenientes; había que afrontar el problema de la educación; cortar la tradicional tentación del Ejército de suplantar el poder civil y había que abordar la cuestión autonomista. Pero era una empresa complicada por que tenia que enfrentarse a muchos sectores sobre los que directamente afectaba. Nadie tuvo paciencia para consolidar el sistema.

LA REFORMA RELIGIOSA

El gobierno quería establecer una clara separación Iglesia-Estado y reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad española. Para ello desarrolló una serie de leyes como la ley del divorcio de 1932, que no cuestionaba el matrimonio religioso como así lo vieron los partidos conservadores. La Compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes fueron nacionalizados. Por la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, el Estado dejaba de realizar aportaciones a la Iglesia y ordenaba el cierre de los centros docentes religiosos desde finales de diciembre de 1933. Esto significaba el cierre de casi 5.000 centros católicos de enseñanza primaria con unos 350.000 alumnos y casi 300 de secundaria, con mas de 20.000 alumnos. 

LA REFORMA EDUCATIVA

Sus bases consistían en hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal. Se calculó que se tenían que construir unas 30.000 escuelas primarias y dotarlas de maestros formados. A pesar de no alcanzar ese ambicioso plan, entre los años 1931 y 1936 se construyeron más de 13.000 escuelas y aumentó notablemente el número de maestros, que pasaron de 36.000 a 51.000. El presupuesto en educación pasó del 5.5% al 7% del total. Este fue uno de los logros más destacados de la Segunda República.

La política educativa y cultural se dirigió también a la extensión de la cultura popular. Se multiplicó la red de bibliotecas en las escuelas primarias. Se crearon las Misiones Pedagógicas destinadas a la extensión de la cultura en las áreas rurales y en las que colaboraron destacados intelectuales como Bartolomé Cossío, María Zambrano, Manuel Machado, Federico García Lorca o Miguel Hernández.

LA REFORMA LABORAL

Competencia de Largo Caballero, líder socialista, ministro de Trabajo, que continuó la política social y laboral que ya había iniciado el gobierno provisional con una serie de leyes que fueron aprobadas por las Cortes entre 1931 y 1932.

    • La ley de contratos de trabajo regulaba los convenios colectivos en asuntos de jornada laboral o trabajo de mujeres y niños. Los contratos se harían por escrito con una duración mínima de dos años, para proteger al trabajador.

    • La ley de jurados mixtos creaba esos organismos constituidos por obreros y patronos a los que atribuyeron funciones de conciliación y arbitraje y amplias facultades para establecer las condiciones de trabajo, salarios, despidos, etc.

    • La ley de asociaciones obreras regulaba los sindicatos

Evidentemente se encontró enfrente con una dura resistencia de las organizaciones patronales, sobre todo la ley de jurados mixtos.

LA REFORMA AUTONÓMICA. LOS NACIONALISMOS

Otro trema delicado era atender las pretensiones autonomistas de los nacionalismos periféricos. La Constitución intentó resolverlo mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones.

• Cataluña fue la primera en iniciar el proceso. La iniciativa partió de Esquerra Republicana, que desde las elecciones de junio de 1931 había desplazado al catalanismo moderado de la Lliga. En junio fue elaborado el Estatuto de Nuria que se aprobó en plebiscito por el 99% de los votantes catalanes, pero que rebasaba ampliamente las atribuciones aprobadas en la Constitución. Su debate en las Cortes se alargó hasta septiembre de 1932. La intervención de Azaña y la reacción de consenso que provocó entre todos los sectores republicanos el fracaso de golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 facilitaron su aprobación.

El proyecto de Estatuto sufrió importantes recortes a su paso por las Cortes. Las primeras elecciones al Parlamento autónomo catalán se celebraron en noviembre de 1932.

• El proceso de elaboración del estatuto vasco fue lento, difícil y complejo por las diferencias profundas entre la izquierda republicana-socialista y la derecha, PNV y carlistas. El proyecto definitivo de estatuto incluía a las tres provincias vascas y Navarra; sin embargo, fracasó porque no alcanzó la mitad del censo en Álava y, sobre todo, porque Navarra lo rechazó. Además, quedó paralizado tras la victoria de la derecha en las elecciones de 1933. No fue hasta el mes de octubre de 1936, ya en plena guerra civil, cuando se aprobó ese asunto.
•  En Galicia se retrasó por falta de un partido nacionalista fuerte y la actitud tibia de los republicanos gallegos de la ORGA y de los socialistas. No obstante, gracias a la labor del partido Galleguista y de Alfonso Rodríguez Castelao, en diciembre de 1932 una asamblea de municipios presentó un proyecto de estatuto aprobado por el 84.7% de la población en un plebiscito celebrado en junio de 1936. Sin embargo, no llegó a ser ratificado por el estallido de la guerra civil.
• En Andalucía una Asamblea Regional celebrada en enero de 1933 aprobó un anteproyecto de Estatuto. En esa asamblea Blas Infante, ideólogo del andalucismo, desempeño un papel crucial.
• De igual modo, en Valencia, Aragón y Baleares sus aspiraciones a la autonomía se vieron frenadas por la guerra civil.

LA REFORMA AGRARIA

Uno de los retos fundamentales del nuevo régimen republicano. Fue sin duda, la obra de mayor envergadura del bienio de izquierdas. El problema agrario presentaba una doble vertiente.

    • La agricultura española tenía rasgos arcaicos: atraso técnico, baja productividad, sobre todo en los latifundios, mano de obra abundante y barata. 

    • Una inadecuada estructura de la propiedad con predominio de parcelas minúsculas en la cornisa cantábrica y la Meseta norte, y extensos latifundios en el centro-sur y el sur. En las zonas de latifundio, la mayoría de los propietarios eran absentistas y había un enorme proletariado rural en la miseria.

El sector agrario español empleaba a unos cuatro millones de campesinos, de los que la mitad eran jornaleros sin tierra. No es extraño, pues, que las mayores expectativas que la República generó se concentraran en este sector. Se habían tomado ya dos medidas de largo alcance e impensables en el ámbito rural apenas unos años antes: los jurados mixtos y la ley de términos municipales, que ya comentamos antes.

La demanda, por no decir presión, desde el mundo rural era enorme, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los socialistas tenían que satisfacer las aspiraciones del sector mayoritario de su sindicato en el campo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), encuadrado dentro de UGT, que había pasado de 35.000 afiliados en 1930 a 400.000 en 1932.

La ley de reforma agraria de septiembre de 1932 era muy moderada. Fue presentada por el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo del partido Radical Socialista que se encontró con todo tipo de obstáculos  de los sectores conservadores. Pretendía la modernización técnica, acabar con el latifundismo y realizar una redistribución de la propiedad más justa mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. 

Establecía cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras mal cultivadas, las permanentemente arrendadas y las de regadío que no estuvieran regadas. Todos los propietarios expropiados debían ser indemnizados. 

El fallido intento golpista de Sanjurjo en 1932 tuvo un doble efecto por lo que a la ley se refiere: se expropiaron sin indemnización las tierras de la alta aristocracia por haber apoyado la intentona y se aceleró la aprobación de la ley.

La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), con un presupuesto de cincuenta millones de pesetas, a todas luces insuficiente.

La Ley de Reforma Agraria se aprobó el 9 de septiembre de 1932 y su aplicación se restringió a las provincias de Andalucía, Extremadura y Castilla con mayor concentración de latifundios y con indemnización a sus propietarios. Pero los efecto reales iban a depender del presupuesto para poder cubrir esas indemnizaciones y dada la situación de las arcas estatales solo fue posible en unos casos. En la práctica, apenas 10.000 campesinos había recibido tierras a finales de 1933, lo que no colmaba ni de lejos las aspiraciones de los casi 400.000 afiliados de la FNTT. Todo ello provocó la frustración de los jornaleros  que derivó en protestas radicales, estallando  insurrecciones anarquistas con trágicos enfrentamientos con las fuerzas de orden público.

En definitiva, la obra del bienio reformista provocó una fuerte oposición tanto a la izquierda del gobierno como a la derecha. Ya no solo oposición sino desorden público, la violencia como arma política. Por eso el orden público fue una de las prioridades de la República.

LA POLÍTICA DE ORDEN PÚBLICO. INCIDENTES

Se apoyó en tres pilares fundamentales: la guardia de Asalto que también hemos comentado, la Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden público.

El gobierno de coalición de republicanos de izquierda y los socialistas tuvieron que lidiar con una fuerza obrera muy potente y radical como era la CNT, que pondría en jaque al nuevo régimen, especialmente, durante los dos primeros años de existencia,

Si bien es verdad, un sector anarcosindicalista liderado por Ángel Pestaña y Juan Peiró, era partidario de la negociación con el gobierno republicano y del arbitraje abierto por los jurados mixtos, descartando la revolución inmediata. Pero también es verdad que la mayoría de la CNT, y especialmente el sector mas radical, la FAI, pretendía establecer el anarquismo libertario mediante la acción directa, la huelga general y la insurrección armada.

Desde finales de 1931 los anarquistas protagonizaron una intensa agitación huelguística y graves alteraciones del orden público. El gobierno reaccionó con la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender las garantías constitucionales y que fue utilizada con dureza en episodios sangrientos como los de Castilblanco (Badajoz) y Arnedo (Logroño), en los que se produjeron graves enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil. Así como el primer conato de revolución en la cuenca minera del alto Llobregat, dirigido por la CNT, 

Más sangrientos fueron los disturbios en la provincia de Cádiz que culminaron en los sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933, con peores consecuencias para la República, por que esta vez fue la Guardia de Asalto, la fuerza de orden público creada por la República la que se enfrentó al campesinado. En este pueblo de Cádiz, hoy Benalup los campesinos proclamaron el comunismo libertario e intentaron sitiar el cuartel de la Guardia Civil. Un grupo se hizo fuerte en la casa del anarquista Francisco Cruz Gutiérrez apodado «seisdedos», los guardias de asalto la rodearon y mataron a todos los defensores dejando los cadáveres expuestos para el escarmiento general. En total murieron 22 campesinos, entre ellos dos mujeres y un niño, dos guardia civiles y un guardia de asalto, Los horribles hechos de Casas Viejas  asestaron el golpe definitivo al gobierno de Azaña, al que se le acusó de ordenar la cruel represión. 

SITUACIÓN DE LA DERECHA

Tras el varapalo de las elecciones de 1931 estaba en proceso de reorganización.  Y adoptó dos posturas diferentes:

Los sectores de la derecha monárquica radicalmente antirrepublicana trataron de derribar la república por medio de la conspiración. Los monárquicos alfonsinos y algunos fascistas crearon un partido nuevo en 1933, Renovación Española, mientas los carlistas se reorganizaron en torno a Comunión Tradicionalistas. Esos grupos monárquicos trataron de atraerse a militares agraviados por las reformas de Azaña y fomentaron una conspiración militar, la de agosto de 1932 del general Sanjurjo que ya hemos mencionado antes.

Otro sector de la derecha católica optó por la vía pacífica para cambiar el régimen. Así en febrero de 1933, bajo el liderazgo de José María Gil Robles se fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un nuevo partido político que aglutinó a distintas derechas regionales.

Con el apoyo de gran parte de la jerarquía católica española y del Vaticano, movilizó a las masas católicas del país en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad. Expresó de modo ambiguo su acatamiento al sistema y no se pronunció sobre la forma de gobierno (república o monarquía).

La CEDA se constituyó en un gran partido de masas al encauzar intereses muy diversos, desde miles de labradores católicos, pequeños propietarios pobres y grandes terratenientes, a amplios sectores de las clases medias y de los profesionales urbanos opuestos a la política laicista y secularizadora, a la reforma agraria y a la política autónoma.

LA CRISIS DE LA COALICIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA

A mediados de 1933, el gobierno de Azaña sufría la presión por todos lados. Por uno la de los empresarios y patronos descontentos con las reformas laborales y la agraria. Por otro estaba la CNT con su campaña de huelgas y violencia. Sin hablar de la que hacia la Iglesia.

Tampoco ayudó al gobierno la postura de acoso y derribo del Partido Radical, liderado por Lerroux, quien veía en la caída de Azaña su posibilidad para alcanzar la presidencia. Ni el malestar del presidente de la república, el católico Alcalá Zamora, con el gobierno de Azaña y su legislación en materia religiosa.

Además en el seno del PSOE se comenzaba a debatir sobre la necesidad de continuar o no con la colaboración con los republicanos en el gobierno. 

El avance sustancial de los radicales y de la CEDA en las elecciones municipales de abril y en las de los vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales llevó a Alcalá Zamora a forzar la dimisión de Azaña.

En septiembre el presidente encargó a Lerroux formar gobierno. Pero no recibió el respaldo

de los republicanos de izquierda ni de los socialistas.

Alcalá Zamora disolvió las Cortes constituyentes y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.

EL BIENIO RADICAL-CEDISTA

Esas elecciones dieron paso a un nuevo gobierno y al bienio de centro derecha que duró desde 1933 a 1935.

Los partidos de la derecha se habían ido reorganizando en el periodo anterior, había aparecido en escena la CEDA, que va a tener un papel protagonista estos años y  Renovación Española, de tendencia autoritaria. En octubre de 1933 había nacido Falange Española,  fundada por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del anterior dictador, de ideología muy cercana al fascismo, que pronto pasó a ser Falange Española y de las JONS, con Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo.

Todas esta fuerzas políticas, incluida la CEDA, sufrieron en mayor o menor grado un proceso de fascistización, paralelo a la radicalización de las formaciones de izquierda, especialmente en los años previos al triunfo del Frente Popular.

Las elecciones generales de noviembre de 1933 se celebraron con una nueva ley electoral que favorecía la formación de amplias alianzas electorales, y en la que por primera vez votaron las mujeres, que constituían más de la mitad del censo.

La campaña electoral se desarrolló en un tenso ambiente. Las derechas, sobre todo la CEDA, movilizaron a sus votantes católicos en defensa del orden y de la religión. Por otro lado, el ala radical de los socialistas, representada por Largo Caballero, manifestó su idea de romper la colaboración con los republicanos «burgueses» y llamaba a la revolución social si ganaba la derecha. Los anarquistas de la CNT y la FAI emprendieron una campaña contra los republicanos y los socialistas y a favor de la abstención, prometiendo la revolución si ganaba la derecha.

El resultado de la elecciones fue el triunfo electoral de las derechas, la CEDA y el Partido Radical, y la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas.

Las derechas consiguieron casi 200 diputados de los que 115 eran de la CEDA. Y Lerroux consiguió 104. El batacazo de la izquierda se reflejó en los 58 diputados de los socialistas que venía de 115 y Acción Republicana que solo llegó a los 5 diputados en las nuevas Cortes cuando antes tenía 30.

Este espectacular giro en el escenario político se puede entender por tres razones muy simples:

    1. La abstención propugnada por los anarquistas

    2. La disolución de la coalición republicano- socialista

    3. La movilización de las derechas, presentándose en coalición

Sin olvidar que el sistema electoral favorecía a las coaliciones. La leyenda de que el voto femenino fue otra causa se cae al considerar que también votaron en las elecciones de 1936 y ganó el Frente Popular.

El Parlamento volvió a fragmentarse con más de 20 partidos políticos. De un lado estaban los grandes partidos que cuestionaban las reformas e incluso el régimen republicano y de otro, los partidos fundadores de la Segunda República, que sufrieron un grave descalabro, a excepción del Partido Radical, que había girado a posiciones conservadoras.

LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO RADICAL

Los primeros gobiernos del partido Radical, ente diciembre de 1933 y octubre de 1934, se formaron en coalición con otros partidos republicanos de centro, presididos por Lerroux y Samper, y con el imprescindible apoyo parlamentario de la CEDA, que presionó para que la revisión de las reformas del primer bienio se realizara a fondo.

La idea de Gil Robles era clara y así lo había expresado: «la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista del Estado medio. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer».

Pero rápidamente evolucionó hacia el posibilismo. Su estrategia era apoyar en el Parlamento a los gobiernos radicales y a cambio exigiría que estos cumplieran el programa revisionista con el que había ido a la elecciones; después entraría en el gobierno y desarrollaría ese programa hasta las ultimas consecuencias. Desde el poder podría poner en marcha la reforma de la Constitución, culminando la rectificación de la República y el fin de la obra reformadora del primer bienio.

El enfrentamiento con la Iglesia que había caracterizado el primer bienio se relajó. No se aplicó la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, los colegios católicos siguieron funcionando y el Estado continuó sufragando parte de los sueldos de los sacerdotes. 

Se rectificó y casi desmanteló la legislación laboral y la reforma agraria, aunque no se derogaron por completo las leyes anteriores. Se modificaron los Jurados Mixtos, desplazando el poder a los empresarios, y la ley de Términos Municipales prácticamente quedó desactivada. A la aristocracia latifundista le fueron devueltas las tierras confiscadas, con la consiguiente reacción de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra  (FNTT) que convocó en junio una huelga general para ese verano cuando se recogía la cosecha, reprimida por el gobierno de forma contundente y la huelga fue un rotundo fracaso.

Se aprobó en las Cortes la ley de amnistía que suponía el reintegro en el servicio activo de los generales implicados en el intento golpista de 1932. En contra estaba Niceto Alcalá-Zamora porque también suponía la liberación de los anarquistas que habían participado en la insurrección de diciembre de 1933.

Estas primeras medidas tuvieron graves consecuencias. El partido Radical se escindió y su ala izquierda de la mano de Diego Martínez Barrio fundó el Partido Radical Demócrata que luego se integraría en Unión Republicana. Por su parte, los republicanos de izquierda comenzaron a recuperarse y se unieron en un nuevo partido, Izquierda Republicana, dirigido por Azaña.

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Los conflictos sociales en el campo y las tensiones nacionalistas fueron los mayores problemas que los gobiernos radicales tuvieron que afrontar en la primavera y el verano de 1934. Las derechas siempre vieron en el régimen autonómico un peligro de desvertebración de España.

    • Ya hemos comentado la huelga general promovida por la FNTT, en verano de  1934, con un balance de docenas de campesinos muertos o heridos y miles de encarcelados.

    • En Cataluña, Francesc Macía había fallecido en diciembre de 1933 y le había sucedido Lluís Companys, más beligerante en la defensa de los intereses autonómicos. El 12 de abril el Parlament, dominado por Esquerra Republicana, aprobó la Ley de Contratos de Cultivo por la que los rabassaires, arrendatarios del sector vinícola, podían comprar la tierra que hubieran trabajado después de 18 años. El Tribunal de Garantías la declaró anticonstitucional pero había supuesto un tenso enfrentamiento entre el gobierno central y la Generalitat.

    • También en el País Vasco se agudizó el conflicto autonómico a raíz del bloqueo de la mayoría radical-cedista a una nueva propuesta de estatuto de autonomía. Esto propició el acercamiento entre socialistas y nacionalistas. El estatuto fue aprobado en referéndum regional en noviembre de 1933 pero no saldría adelante hasta 1936, con la guerra ya en marcha.

En octubre de 1934 un movimiento revolucionario se extendió por las principales capitales de España y desató la violencia especialmente en Asturias, que puso verdaderamente en aprietos no solo al gobierno sino a la propia República.

Varios ingredientes entraron en juego. Uno fue el cambio de estrategia del socialismo. En enero de 1934 la UGT, había aprobado un programa revolucionario (nacionalización de la tierra, disolución de todas la ordenes religiosas, del ejército y de la Guardia Civil) todo ello siguiendo los postulados de Largo Caballero. En mayo se formó una alianza obrera, compuesta por el PSOE y la UGT, con el objetivo de combatir el fascismo y establecer una república federal socialista. La CNT rechazó sumarse.

Por otro lado, a principios de octubre la CEDA exigió entrar en el gobierno. Así, el 4 de octubre se formó un nuevo gobierno radical con tres ministros cedistas. Los republicanos de izquierda consideraron la entrada de la CEDA en el gobierno como una traición a la república. 

A esto se suma el contexto internacional. Entre 1933 y 1934 Hitler había liquidado la República de Weimar y empezaba a demostrar su filosofía. En febrero de 1934 el canciller austriaco Dolfuss, tras la insurrección de Viena, había aplastado a los socialistas y prohibido los partidos políticos en Austria. Y en París tuvo lugar paralelamente un violento mitin fascista. 

Los socialistas promovieron la insurrección y justificaron su acción ilegal con la excusa de que era necesaria para impedir que Gil Robles destruyese la república, como había pasado en Alemania.

La insurrección comenzó el 5 de octubre, casi inmediatamente después de conocerse la noticia de la entrada en el gobierno de los ministros de la CEDA, con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades. El gobierno movilizó al Ejército y los focos subversivos fueron fácilmente anulados. La insurrección se limitó a la revuelta nacionalista en Cataluña y al levantamiento obrero de Asturias.

En Cataluña la revuelta estuvo ligada a las tensiones acumuladas con el gobierno central por el desarrollo de la autonomía. Aquí la entrada en el gobierno de los ministros de la CEDA fue interpretada como una amenaza al estatuto de autonomía.

En Cataluña Lluís Companys, presidente de la Generalitat, había proclamado el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española», el 6 de octubre, quebrantando la legalidad republicana. La intentona de rebelión armada fue rápidamente abortada por la guarnición militar de Barcelona comandada por el general Domingo Batet. El gobierno de la Generalitat fue encarcelado y el Estatuto suspendido indefinidamente. Hasta abril de 1935 no se restablecería el  gobierno de la Generalitat y no con todas las competencias.

En Asturias la insurrección alcanzó proporciones de auténtica guerra. Se produjo una auténtica revolución social ya que aquí si se logró forjar una alianza obrera que agrupó a UGT, CNT y los comunistas.  Los revolucionarios contaban con armas y dinamita que habían sustraído de los cuarteles. La insurrección se fue extendiendo por las principales ciudades asturianas. Resurgió la violencia anticlerical con la quema de iglesias y asesinato de sacerdotes.

La reacción del gobierno no se hizo esperar y lo primero que hizo fue declarar el estado de guerra y el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, movilizó al ejército llamando al general Franco para que asumiese el mando. Desembarcaron en Gijón dos banderas de la Legión y dos tambores de Regulares. Las tropas comandadas por el general Yagüe acabaron con la resistencia de los mineros y el día 18 se acabaron rindiendo.

Se calcula que hubo unos 1.500 muertos, entre ellos 300 miembros del ejercito y fuerzas de seguridad. Y unos 2.000 heridos

La represión posterior fue muy dura. Se practicaron miles de detenciones en toda España, se calcula que hubo una 15.000 personas detenidas. Se pronunciaron 20 condenas a muerte, de las que se ejecutaron dos. Azaña, que no había participado en los hechos, fue acusado del delito de rebelión y encarcelado. Y Largo Caballero también. La represión fue tal que incluso observadores internacionales presionaron para que se paliasen las consecuencias de la misma.

La revolución de Asturias hizo más daño a España, desde el punto de vista de la opinión pública internacional, que al propio gobierno republicano, si bien éste lo pagaría en las siguientes elecciones.

LA CAÍDA DE LERROUX

En mayo de 1935 Lerroux se vio forzado a formar otro gobierno radical-cedista, sería el sexto, pero esta vez con una mayoría de ministros de la CEDA, en el que Gil Robles entró como ministro de la Guerra. Se afianzó entonces la obra verdaderamente involucionista de la República, con los patronos y terratenientes amparados, y se aceleró la rectificación de las reformas republicanas:

    • Las reformas sociales y laborales fueron desmontadas. Se anularon los jurados mixtos y en agosto de 1935 fue aprobada la Ley de Reforma Agraria, que prácticamente anuló la de 1932.

    • En el capítulo militar, Gil Robles llevó a cabo una política de cambios en los mandos militares, que fueron ocupados por militares antiazañistas de dudosa fidelidad a la República. Así, el general Fanjul fue nombrado subsecretario del ministerio, el general Mola asumió la jefatura del ejército de Marruecos y al general Franco se le designó jefe del Estado Mayor.

El descrédito definitivo de Lerroux vino provocado por dos escándalos de corrupción, el del straperlo y el asunto Nombela, que afectaron a destacados cargos del partido. 

El Straperlo era un juego de ruleta, trucado. Para obtener la licencia se sobornó a miembros del gobierno del Partido Radical y al comprobarse que el juego era fraudulento, la policía lo prohibió saliendo a la luz el turbio negocio.

Parecía la oportunidad esperada por Gil Robles para llegar al poder en solitario. Pero Alcalá Zamora se negó a entregarle el cargo de jefe del gobierno. Nunca había confiado en un líder ni en un partido que no habían hecho expresa declaración de adhesión a la República.

Alcalá Zamora intentó crear un gran partido republicano de centro nombrando presidente del gobierno a Manuel Portela Valladares. Pero ante la imposibilidad de gobernar sin apoyos parlamentarios, Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936.

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936 

En febrero del 36 se celebraron las últimas elecciones de la Segunda República y las últimas elecciones libres en España en más de 40 años. 

La campaña electoral fue tensa y agitada, pero no hubo alteraciones significativas de orden público. En ella se produjo el renacimiento, por decirlo de alguna forma, de la figura de Azaña, que fue clave en el resultado final, con mítines multitudinarios, 100.000 personas en Valencia o 500.000 en Madrid. 

Fueron unas elecciones con una muy elevada participación, mas del 70% de la población. En esta ocasión, la CNT cambió de actitud al no propugnar la abstención e incluso llegó a recomendar el voto.

Prieto y Azaña ya se habían planteado la necesidad de reeditar la alianza que les llevó al gobierno en 1931. De esta forma, los partidos de izquierda constituyeron en enero de 1936 una gran alianza, el Frente Popular, resultado de un acuerdo electoral, pero no de gobierno, entre los partidos republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas, basado en la recuperación de la política reformista del primer bienio.

Frente a esa coalición electoral, las derechas y el centro se presentaron desunidos:

• La CEDA fracasó en su intento de una coalición de derechas a escala nacional y solo logró acuerdos con partidos de centro o de derecha en algunas provincias, unas veces con el partido Radical y otras con los monárquicos. Su programa se centró en la revisión total de la constitución.
• El Bloque Nacional de Calvo Sotelo acudió solo, con un programa de corte ya claramente corporativo al estilo fascista, como Falange, que obtuvo apenas 50.000 votos.

Los resultados electorales arrojaron una victoria muy ajustada del Frente Popular. El sistema mayoritario establecido por la ley electoral otorgó una amplia ventaja de diputados al Frente Popular en las Cortes. Las izquierdas triunfaron en las grandes ciudades, en Extremadura, en Asturias y en el litoral mediterráneo. Las derechas obtuvieron sus mejores resultados en los medios rurales de las dos Castillas, Aragón, Navarra y zonas del País Vasco.

La victoria del Frente Popular fue acogida con júbilo en muchas ciudades del país y con manifestaciones y peticiones de amnistía y de readmisión de todos los trabajadores despedidos a consecuencia de la huelga general de octubre de 1934.  Y vista con temor en la derecha a una posible revancha de la izquierda. De hecho Gil Robles propuso a Portela que declarara el estado de guerra y anulara las elecciones.

EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

De acuerdo con los resultados electorales y con el programa pactado, Azaña formó un gobierno integrado exclusivamente por republicanos ya que los socialistas rechazaron volver a una coalición con ellos, a pesar de la insistencia de Indalecio Prieto, líder del ala moderada del partido.

De inmediato se adoptó una serie de medidas urgentes en cumplimiento del programa electoral. Se concedió una amnistía general para los encarcelados por los acontecimientos de octubre de 1934, entre ellos Lluís Companys, que fue repuesto como presidente de la Generalitat, y se restableció la autonomía de Cataluña. Se obligó a los empresarios a readmitir a los obreros despedidos. Finalmente, en los ámbitos agrario, religioso, social y militar se reanudó el proceso reformista rectificado durante el bienio derechista.

La reforma agraria era, sin duda, prioritaria y desde el Ministerio de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes hizo todo lo posible para retomar la política del primer bienio dándole un nuevo impulso, autorizando ocupaciones temporales de fincas y mas de 100.000 campesinos accedieron a la tierra en ese periodo.

La política militar quedó en manos del general Carlos Masquelet, fiel colaborador de Azaña que asumió la cartera de Guerra y se dedicó esencialmente a alejar de puestos claves a posibles militares golpistas, Goded, Franco o Mola, por ejemplo.

Incluso las relaciones con la Iglesia no fueron tan tensas y se llegó a desatascar el intercambio de representantes diplomáticos entre el Vaticano y España. Aunque se retomaron las políticas respecto a la educación.

Por otro lado la radicalización en la calle aumentaba y la violencia como arma política ganaba peso. 

La primera crisis no tardó en llegar debilitando aun mas al ya frágil gobierno republicano. La Cámara destituyó al presidente de la República, Alcalá Zamora, rechazado tanto por la izquierda como por la derecha. 

La justificación fue que haciendo uso de las atribuciones que la Constitución le otorgaba, Alcalá-Zamora había nombrado y quitado presidentes de gobierno con cierta frecuencia y esto se veía como un peligro para la estabilidad institucional. De hecho contaba con pocos apoyos y la decisión fue unánime entre las fuerzas políticas. La CEDA no le perdonaba que hubiera convocado las elecciones y cerrara el paso a su líder para presidir un gobierno y Azaña tenía antiguas cuitas del  primer bienio.

En mayo Azaña fue elegido presidente e intentó reeditar un gobierno de coalición de republicanos y socialistas, presidido por Prieto, pero no se llegó a un acuerdo, dinamitado sobre todo por el bloque largocaballerista y la UGT, por lo que encargó a Santiago Casares Quiroga la formación de un precario gobierno de republicanos de izquierda.

Mientras, triunfaban las posiciones revolucionarias de los anarquistas y del sector más

radical de UGT, y en las derechas autoritarias Calvo Sotelo que se había erigido en su líder, afianzando el discurso de la subversión y la insurrección. Los temores eran mutuos. La derecha temía una revolución proletaria y miraba con recelo a la URSS y la izquierda lo hacia mirando a Alemania e Italia.

Si bien hubo intentos de suavizar el ambiente, es cierto, que cayeron en saco roto. Como el de Prieto en su discurso en Cuenca el 1 de mayo donde abogó por la convivencia pacífica, pero su influencia en su propio partido era escasa.

Los dos grandes partidos con mayor representación en las Cortes, el PSOE y la CEDA, no contribuyeron en estos meses a la estabilidad de la república. En el seno del socialismo triunfaban las posiciones revolucionarias de Largo Caballero. Por su parte, la CEDA entró en crisis tras la derrota electoral de febrero, lo que favoreció que las Juventudes de Acción Popular pasasen a engrosar las filas de Falange.

La violencia callejera entre militantes de izquierda y derecha crecía y el gobierno de Casares no consiguió atajarla. Se había detenido a José Antonio Primo de Rivera y cerrando las sedes de Falange, unos de los grandes instigadores de esa violencia. El 13 de julio fue asesinado Calvo Sotelo como represalia al asesinato del teniente Castillo de la Guardia de Asalto el día anterior, hecho que tradicionalmente se ha considerado un acelerador de la sublevación militar.

De esta forma llegamos a ese levantamiento en el que los militares se sublevaron contra el orden constitucional y dieron aquel golpe de Estado que acabó en una guerra civil. El 17 de julio comenzó la sublevación en las guarniciones del Protectorado de Marruecos y al día siguiente se sumaron otras guarniciones de la península. El fracaso de la rebelión militar en la mayor parte de las grandes ciudades derivó en una trágica y sangrienta guerra civil que duró tres años.

En realidad, el golpe de Estado fue la consecuencia casi natural de una larga trama conspirativa que estaba esperando el momento adecuado para estallar.

Esta serie de artículos sobre la Historia de España están basados en el temario de 2º de Bachillerato. Historia de España, serie Descubre, editorial Santillana. Curso 2020-2021. Forma parte de una serie del mismo nombre publicada como podcast en ivoox por Historia Sin Pretensiones.

Fuentes:

Historia contemporánea de España desde 1923. Dictadura y democracia. Juan Avilés Farré, Ángeles Egido León y Abdón Mateos López. Editorial Universitaria Ramón Areces. UNED

Historia de la Segunda República española (1931-1936), J. Gil Pecharroman. Biblioteca Nueva, 2002.

La II República, M. Tuñón de Lara. Siglo XXI, 1976

Nueva Historia de España. La Historia en su lugar (diferentes volúmenes)